Delta recurre al tribunal fiscal de Zimbabue por una deuda tributaria de 97 millones de dólares

Delta Corporation ha llevado al tribunal fiscal de Zimbabue su disputa con la Autoridad Tributaria de Zimbabue, ZIMRA, por unas liquidaciones acumuladas de unos 97 millones de dólares estadounidenses. La empresa, la mayor fabricante de bebidas del país, discute el cálculo de varias deudas por IVA y por impuesto sobre sociedades y sostiene que la administración no ha reconocido de forma correcta pagos en moneda local realizados cuando nacieron esas obligaciones.

La compañía informó este sábado, 14 de noviembre, de que las cuestiones aún abiertas ya están en manos de la Special Court for Income Tax Appeals, conocida de forma habitual como tribunal fiscal. Al mismo tiempo, mantiene pendiente otra solicitud ante el Alto Tribunal sobre liquidaciones de IVA correspondientes a 2024.

El litigio se refiere a varios ejercicios y gira en torno a una cuestión central: cómo deben recalcularse deudas tributarias antiguas en un país que ha pasado por etapas de hiperinflación, cambios de divisa y fuertes oscilaciones del tipo de cambio. Delta sostiene que los pagos en moneda local que efectuó en su momento fueron válidos con arreglo a la ley y que deben abonarse a su favor al fijar cualquier cantidad pendiente.

Todd Moyo, presidente de la empresa, explicó al presentar los resultados del semestre cerrado el 30 de septiembre que los tribunales ya han confirmado la validez de las liquidaciones referidas al periodo 2019-2021. Sin embargo, añadió que siguen abiertas las diferencias sobre su cálculo, la metodología aplicada, el reparto de importes y la calificación de la moneda en la que deben medirse esas obligaciones.

Según la información financiera de Delta, el importe total reclamado ascendía a unos 97 millones de dólares a 30 de septiembre. De esa suma, la empresa ya había abonado 22,8 millones de dólares bajo el principio de “pagar ahora y discutir después”, por lo que quedaban unos 74,2 millones sujetos a recurso.

Ese principio tiene base legal en Zimbabue. La normativa del IVA establece que la presentación de un recurso no suspende de forma automática la obligación de pago. Una previsión parecida figura también en la ley del tribunal de apelación fiscal. En la práctica, eso permite a la autoridad tributaria seguir cobrando mientras el contribuyente acude a los tribunales, con la posibilidad de ajustes posteriores o devoluciones si se acredita un exceso de pago.

Delta asegura que ha seguido abonando cantidades dentro de ese marco y que, además, ha pactado calendarios de pago con ZIMRA. La empresa también ha planteado que sus letras del Tesoro denominadas en dólares estadounidenses puedan emplearse para saldar la parte de la deuda que finalmente se confirme. Ese planteamiento, no obstante, requiere el visto bueno de las autoridades y no supone que el cruce de saldos haya sido aceptado.

La discusión no se limita al volumen de impuestos exigido. Afecta también al método usado para reconstruir pasivos tributarios nacidos bajo distintos regímenes monetarios y para decidir cómo se imputan pagos hechos en una divisa a liquidaciones expresadas en otra. Ahí está una de las partes más sensibles del caso, porque la diferencia entre admitir o no determinados pagos históricos puede alterar de forma amplia la cantidad final a ingresar.

Moyo señaló además que el grupo pagó más de 193 millones de dólares en impuestos en Zimbabue durante los seis meses hasta septiembre, un 31% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Con ese dato, la compañía trata de subrayar que el litigio se refiere a liquidaciones históricas y no a una negativa general a tributar.

Para el sector de bebidas, el caso va más allá de Delta. Una disputa de este tamaño puede afectar a la liquidez disponible, a los planes de inversión y a la gestión del circulante de una cervecera de gran tamaño, sobre todo cuando una parte de la deuda debe pagarse antes de que exista una resolución firme. También sirve de referencia para otras empresas de cerveza, refrescos o licores que operan en países con cambios monetarios frecuentes, ya que el tratamiento fiscal de pagos antiguos puede alterar balances, previsiones de caja y decisiones sobre producción.

El procedimiento también pone el foco sobre la seguridad jurídica para las compañías que trabajan en Zimbabue. Cuando una empresa liquida impuestos bajo unas reglas monetarias y años después la administración revisa esas mismas obligaciones bajo otro marco cambiario, el efecto puede ir mucho más allá de una discusión técnica entre asesores fiscales. Afecta a la valoración de pasivos, a la planificación financiera y a la relación entre el fisco y las grandes sociedades industriales.

En este caso, una de las claves será separar dos cuestiones que no son idénticas: la validez de la liquidación y la cuantía que realmente puede exigirse tras aplicar los pagos ya efectuados. Que un tribunal confirme la existencia de una liquidación no resuelve por sí solo cómo debe calcularse el saldo final ni qué tratamiento merecen los pagos realizados en moneda local en los años objeto de revisión.

La resolución del tribunal fiscal deberá fijar, por tanto, si queda alguna cantidad adicional por pagar y en qué importe, una vez revisados los métodos de cálculo y los abonos ya hechos por la empresa. En paralelo, el recurso separado sobre las liquidaciones de IVA de 2024 sigue pendiente ante el Alto Tribunal, sin que por ahora conste una fecha para su resolución.