AB InBev vuelve a cuestionar el acceso de otras cervezas a bares y pubs en Chile

AB InBev ha vuelto a poner en cuestión las condiciones de acceso al mercado cervecero de bares, restaurantes y pubs en Chile. En declaraciones publicadas este lunes, 19 de octubre, su gerente general en el país, Juan Manuel Ferrés, afirmó que “las barreras las seguimos viendo” al referirse al cumplimiento del acuerdo firmado por su rival CCU con la Fiscalía Nacional Económica, la autoridad chilena de competencia.

Las palabras del directivo reabren un asunto sensible para la distribución de cerveza en la hostelería chilena, donde el acceso a grifos, equipos de dispensación, neveras y espacios de exhibición condiciona qué marcas pueden venderse y con qué visibilidad. Por ahora, se trata de la valoración que hace una empresa competidora sobre la aplicación del pacto de 2024. No consta un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el TDLC, ni de la FNE que declare un incumplimiento.

Ferrés no aportó en esas declaraciones una medición nueva sobre cuántos locales han abierto espacio a otras cerveceras ni sobre el volumen de ventas recuperado desde la entrada en vigor del acuerdo. Esa falta de cifras impide comparar de forma directa la situación descrita por AB InBev con la base que utilizó la autoridad chilena cuando negoció el arreglo con CCU.

El antecedente oficial sigue siendo el acuerdo conciliatorio que el TDLC aprobó el 15 de marzo de 2024 entre la FNE y Compañía Cervecerías Unidas, CCU. Con ese pacto se cerró el procedimiento iniciado por la Fiscalía por el presunto incumplimiento de compromisos asumidos por la empresa en un avenimiento de 2008 para proteger la libre competencia en el mercado de la cerveza. El requerimiento de la FNE se había presentado en agosto de 2023.

La FNE explicó entonces que las obligaciones pactadas buscaban eliminar restricciones a la venta y exhibición de cervezas de terceros en el canal de consumo inmediato, también llamado on premise u on trade. En ese segmento, que agrupa a bares, restaurantes y pubs, la autoridad calculó que CCU concentraba aproximadamente el 90% de las ventas medidas en volumen. Esa cifra corresponde a la referencia utilizada en 2024 y no a una cuota actualizada de 2026.

El acuerdo incluyó el pago de 3.000 Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a más de US$2,4 millones, a beneficio fiscal. Además, impuso a CCU una serie de condiciones sobre los equipos de dispensación y refrigeración que entrega a los locales.

Entre esas condiciones figuraba que, si un restaurante, bar o pub recibía una máquina de cerveza con entre cuatro y siete salidas, CCU debía garantizar que una de ellas pudiera ser usada por un proveedor con menos del 5% de participación nacional en el canal de consumo inmediato. Si la máquina tenía ocho o más salidas, el mínimo pasaba a dos. En los equipos de refrigeración o cooler, la empresa debía reservar la bandeja inferior para productos de un proveedor con menos del 5% de cuota en ese canal, siempre que ese espacio equivaliera al menos al 20% de la capacidad del equipo.

El pacto también obligó a CCU a fijar los pagos o aportes asociados a exclusividad publicitaria con criterios objetivos, generales y no arbitrariamente discriminatorios, de forma que esas condiciones no impidieran, restringieran o entorpecieran la venta de cervezas rivales en los establecimientos. Junto con ello, la cervecera asumió la revisión de su programa de cumplimiento en materia de libre competencia y aceptó la supervisión de un tercero independiente, con reportes periódicos a la FNE durante cinco años.

La investigación que dio origen a esa actuación empezó en 2019. La Fiscalía sostuvo que, aunque los contratos firmados con restaurantes, bares y pubs se ajustaban formalmente al marco autorizado en 2008, en la práctica la libertad para comercializar cervezas distintas de CCU quedaba limitada por actuaciones de la propia compañía. El diseño del acuerdo de 2024 buscaba abrir espacio a operadores de menor tamaño, incluidos productores artesanales.

La intervención de AB InBev añade un elemento nuevo porque procede de uno de los mayores grupos cerveceros del mundo. La multinacional tiene una cuota de mercado mundial cercana al 25%, y su filial chilena compite con CCU por presencia en un canal que resulta muy relevante para vender fuera del hogar. En la hostelería, la disponibilidad de grifos y neveras suele determinar no solo qué productos están a la venta, sino también cuáles quedan a la vista del consumidor y con qué continuidad pueden servirse.

Aunque las medidas de 2024 reservaron cupos mínimos para proveedores con menos del 5% de participación en ese canal, las afirmaciones de Ferrés apuntan a un problema más amplio sobre las condiciones reales de entrada y venta en los locales. Sin datos nuevos aportados por AB InBev ni una decisión reciente de la autoridad chilena, el alcance de esas trabas no puede medirse todavía con los mismos parámetros usados por la FNE cuando promovió la conciliación con CCU.

La FNE sostuvo al aprobarse el acuerdo que vigilaría su ejecución efectiva y que la apertura de esos espacios podía favorecer la presencia de terceros competidores en bares, restaurantes y pubs. Ese control quedó ligado tanto a las obligaciones asumidas en 2024 como a las que seguían vigentes desde 2008.