Japón registra las cuatro mayores cerveceras por sospechas de cártel en la cerveza

La Comisión de Comercio Justo de Japón (JFTC) registró el pasado 7 de octubre instalaciones de Asahi Breweries, Kirin Brewery, Suntory Spirits y Sapporo Breweries por una sospecha de vulneración de la ley antimonopolio del país. La investigación se centra en un posible acuerdo sobre los precios mayoristas de la cerveza y de productos relacionados. Por ahora, las autoridades no han comunicado conclusiones y ninguna de las compañías ha sido acusada formalmente.

Las inspecciones se realizaron de forma obligatoria, en virtud de las facultades legales de la JFTC y con una orden emitida por un juez. AFP, citando a una fuente anónima, informó de que el caso gira en torno a la posible existencia de un cártel en los precios mayoristas de la cerveza.

Reuters, a partir de información difundida por la cadena pública NHK, señaló que los investigadores examinan una posible coordinación vinculada a subidas de precios aplicadas en octubre de 2022 y abril de 2025. En esos momentos, las cerveceras habían atribuido los incrementos al encarecimiento de las materias primas, la energía y el transporte. Esa explicación comercial no prueba por sí sola que hubiera un pacto ilegal.

La comisión japonesa mantiene el expediente abierto y no ha hecho públicos hallazgos. NHK añadió que el organismo estudia si presenta una denuncia penal ante la fiscalía, aunque no existe una decisión final confirmada sobre ese paso.

Las cuatro empresas confirmaron en comunicaciones remitidas al mercado que sus filiales habían sido objeto de inspecciones por sospechas de infracción de la normativa antimonopolio y aseguraron que colaborarán con las autoridades. Asahi afirmó que se toma el asunto “muy en serio” y que el posible efecto financiero todavía no se ha determinado. Sapporo señaló que ese impacto económico es incierto. Kirin se comprometió a colaborar plenamente con la investigación y con los requerimientos de la comisión. Suntory confirmó, por su parte, una inspección relacionada con sospechas sobre su actividad comercial en bebidas alcohólicas.

El alcance del caso está ligado al peso de las compañías investigadas en Japón. AFP sitúa su cuota conjunta en torno al 90% del mercado cervecero del país y les atribuye casi todo el suministro en los segmentos de cerveza y productos similares. Los cuatro grupos pertenecen además a la Asociación de Cerveceros de Japón, que reúne a los principales productores nacionales.

Ese dominio hace que la investigación tenga interés para mucho más que las propias empresas. Si el expediente acabara cuestionando prácticas en los precios mayoristas, el efecto podría notarse en distribuidores, cadenas de alimentación, bares y proveedores de todo el negocio de bebidas. También puede influir en la forma en que otros operadores de cerveza, licores y otras categorías alcohólicas revisen sus relaciones comerciales en Japón.

La vigilancia sobre este asunto es aún mayor porque coincide con cambios fiscales y demográficos que pesan sobre el mercado. Japón está culminando la última fase de la reforma del impuesto sobre las bebidas alcohólicas, que reduce la carga fiscal sobre la cerveza. En términos comerciales, un ajuste de ese tipo altera la distancia de precios entre categorías y vuelve más sensible cualquier investigación sobre precios mayoristas. A eso se suma el descenso de la población, que limita el consumo interno en uno de los grandes mercados cerveceros de Asia.

Por el momento, los registros practicados el pasado 7 de octubre son una medida de investigación y no equivalen a una determinación de responsabilidad. El calendario del expediente y su resultado siguen sin conocerse.