El enigma del caso de Masaru Okunish

El caso de Masaru Okunishi, conocido como "los asesinatos del vino", es una de las historias más prolongadas y complejas dentro del sistema judicial japonés, reflejando las dificultades inherentes al proceso de apelación y la búsqueda de justicia en casos condenatorios a muerte. Okunishi fue condenado por el asesinato de cinco mujeres, incluida su esposa, tras un envenenamiento con vino durante una reunión comunitaria en la ciudad de Nabari en 1961. Además, doce personas resultaron hospitalizadas a causa de este envenenamiento.

Inicialmente, Okunishi admitió haber mezclado el vino con pesticidas, alegando que su motivación era poner fin a un triángulo amoroso con su esposa y otra mujer. Sin embargo, rechazó esta confesión antes de su acusación formal, lo que llevó a que el Tribunal de Distrito de Tsu lo absolviera en 1964 debido a la falta de pruebas concretas. No obstante, esta decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Nagoya en 1969, que lo condenó a muerte, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Supremo en 1972.

A lo largo de los años, la defensa de Okunishi ha solicitado múltiples veces la revisión del caso, argumentando la existencia de nuevas pruebas y señalando fallos en el proceso judicial original. En 2015, tras el fallecimiento de Okunishi, quien pasó 46 años en el corredor de la muerte, su hermana Miyoko Oka presentó la décima solicitud de un nuevo juicio, introduciendo como nueva evidencia un informe de expertos que indicaba que un fragmento del sello de papel en el cierre de la botella de vino contenía trazas de un pegamento comercial diferente al utilizado en la etapa de fabricación del vino. Este detalle sugería que el veneno pudo haber sido añadido al vino y la botella resellada en un lugar distinto al de la escena del crimen.

Sin embargo, el Tribunal Supremo mantuvo la decisión anterior, argumentando que un informe de expertos escrito no constituía una nueva evidencia. Esta resolución subraya las rigurosas demandas del sistema judicial japonés para considerar una evidencia como "nueva" y lo desafiante que resulta para los casos de larga data superar estos obstáculos.

El caso fue brevemente reabierto en 2005, cuando se determinó que era altamente probable que el pesticida mencionado originalmente no hubiera sido utilizado. No obstante, esta decisión se anuló después de que los fiscales presentaran una objeción.

En un giro reciente, en enero, el Tribunal Supremo rechazó la apelación especial para reabrir el caso, después de que el Tribunal Superior de Nagoya lo rechazara en marzo de 2022. Katsuya Uga, un erudito del derecho administrativo y uno de los cinco jueces deliberantes, fue el único que propuso reabrir el caso, mientras que los otros cuatro se manifestaron en contra de celebrar un nuevo juicio.

Este caso ilustra no solo la complejidad y la longitud que puede alcanzar el proceso judicial en Japón, especialmente en casos condenados a la pena de muerte, sino también el intenso debate sobre la eficacia y la justicia del sistema de apelaciones y la pena capital. Los reclusos en el corredor de la muerte en Japón solo se enteran de su ejecución unas horas antes de que esta se lleve a cabo, lo que ocurre en secreto, añadiendo otra capa de controversia al debate sobre los derechos humanos y la justicia penal en el país.