Siete grupos parlamentarios presentan enmiendas al Proyecto de Ley de Denominaciones de Origen

Además del Grupo Parlamentario Popular y del Socialista, han presentado modificaciones parciales al articulado de esta futura normativa los de EAJ-PNV, Convergencia i Unió, UPyD, Izquierda Plural y Unión del Pueblo Navarro, esta última formación integrada en el Grupo Mixto.

Las once enmiendas al articulado del grupo popular giran en torno a las funciones de las entidades de gestión de las DOP e IGP, la supresión del término tradicional “Vino de pago calificado” ya que nunca ha sido solicitado, y la delimitación del uso y sanciones de términos referidos a la producción ecológica en preparados comerciales.

También hacen referencia a la no obligatoriedad del control interno en los estatutos de las entidades de gestión y al mantenimiento del vinagre de vino, vinos aromatizados, brandy, orujo y mosto bajo el amparo de la Ley 24/2003 de la Viña y el Vino.

Para el Grupo Popular, que la Agencia de Información y Control Alimentarios no desarrollará todas las competencias de control oficial aparece en otra enmienda de modificación del articulado.

Los populares incluyen una nueva disposición sobre el régimen sancionador en declaraciones obligatorias y contratos en el sector de la leche y los productos lácteos para dotar de seguridad jurídica al sector y establecer un régimen sancionador antes del 1 de abril que finaliza el régimen de cuotas.

Las 21 enmiendas parciales del Grupo Parlamentario Socialista incluyen la propuesta de elevar hasta tres millones de euros la sanción por infracciones muy graves -el proyecto de ley las sitúa entre 30.000 y 300.000 euros- y el refuerzo del control de la DOP Calificada Rioja con la acreditación del Cuerpo de “Veedores”.

Los socialistas, además, defienden modificar la Ley de la Viña y el Vino para incluir una regulación específica para el “Vino de Pago Calificado” y cambiar la Ley de Cadena Alimentaria para corregir los defectos que en este año de vida ha mostrado y para proponer la creación de la figura del “mediador”.

Las ocho enmiendas de CiU buscan salvaguardar la competencia autonómica en las DOP e IGP transfronterizas (entre varios estados miembros comunitarios) y en las entidades de gestión de las denominaciones y la supresión de la disposición final primera por su rechazo a que la AICA se dote de más funciones.

El Grupo EAJ-PNV defiende en sus ocho enmiendas el reconocimiento de los pagos vitivinícolas, la obligación de que los operadores estén inscritos en los registros oficiales de las DOP e IGP y la corrección del término “Idiazabal”, ya que aparece con tilde cuando el nombre de la DOP se escribe sin ella.

Sobre los consejos reguladores, el PNV apuesta porque sólo puedan hacerse cargo de una denominación o indicación y porque los que se constituyan como corporaciones de derecho público cuenten con un censo electoral actualizado.

El Grupo Izquierda Unida-ICV-EUiA-CHA ha registrado dos enmiendas relativas al carácter de agentes de la autoridad de los inspectores y a la inclusión entre los fines de la AICA de la gestión de los sistemas de información y control de los mercados vitivinícolas.

Unión Progreso y Democracia, en sus dos enmiendas, ha pedido que se prevean procesos de evaluación en marketing de marca y de ventas y la necesidad de la exigencia de marcas en exclusiva para una DO.

UPN, también en dos enmiendas, pide que las entidades de gestión puedan emitir certificados en origen a requerimiento de los interesados y corrige lo que cree un error sobre el vino de pago calificado entre los términos tradicionales que indican que el vino está acogido a una DOP o IGP.

Tras la finalización del plazo de presentación de enmiendas al articulado el pasado martes 10, el proyecto de ley volverá a la Comisión de Agricultura del Congreso, que en este caso tiene competencia legislativa plena, y de ahí, tras deliberar y votar cada una de las modificaciones propuestas, lo trasladará al Senado.