Los agricultores y ganaderos quedarán exentos del pago del canon del agua

La Xunta y los sindicatos Unións Agrarias y Xóvenes Agricultores sellan un acuerdo para consensuar el reglamento de aplicación del canon del agua

La Xunta de Galicia y los sindicatos agrarios establecieron las pautas para consensuar el reglamento de aplicación del canon del agua mediante la firma de un acuerdo entre Augas de Galicia y las entidades Xóvenes Agricultores–Asaja Galicia y Unións Agrarias-Upa, que se formalizó esta mañana.

El presidente de Augas de Galicia, Francisco Menéndez, señaló que el canon del agua, recogido en la Ley de Aguas y que viene a sustituir al actual canon de saneamiento, es universal y mejora la actual estructura tarifara y discrimina positivamente al rural por dos razones básicas.

Por una parte, reconoce el esfuerzo de los propietarios de pozos particulares y traídas vecinales que tuvieron que autogestionar su abastecimiento, allí donde las administraciones no pudieron llegar.

Por eso se establecen los mecanismos que permitirán la no liquidación del canon del agua a las personas que estén en esta situación. Al mismo tiempo determina que no pagarán el canon del agua los usos agrarios y ganaderos, que hasta este momento sí están sujetos al pago del canon de saneamiento.

El presidente de Aguas, organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, señaló que el acuerdo entre la Xunta y los sindicatos agrarios nace ante la necesidad de dar respuestas al desarrollo de una nueva política del agua basada en el fomento del uso sostenible del recurso, garantizando un uso básico por parte de los ciudadanos, de los sectores públicos y de las actividades empresariales, y estableciendo una política tarifaria que garantice las inversiones presentes y futuras.

Ménendez Iglesias quiso aclarar que la intención de la Xunta de Galicia es que los usos agrarios y ganaderos no paguen el canon. En ese sentido, la Xunta consideró aceptable a solicitud realizada por los sindicatos de clarificar ciertos aspectos de la Ley, con el fin de que sean incluidos en los reglamentos establecidos en la Ley de Aguas.

En el texto firmado esta mañana también se indica que en aquellos casos de captaciones propias en los que convivan usos domésticos y usos ganaderos/agrícolas se descontará de la base imponible sujeta el correspondiente a estos últimos usos.

Umbral de cobro

También se determinarán los requisitos para que en las comunidades de usuarios tengan el mismo tratamiento para la determinación del canon del agua que los usuarios domésticos con captaciones propias. Así, en estos casos se aplicará la estimación objetiva, en base a dotaciones de agua y, únicamente en los casos que así lo soliciten y dispongan de contador, por estimación directa en base al volumen real consumido.

Esto, combinado con la bonificación del 90% prevista en la Ley y con la disposición que permite declarar antieconómico el cobro por debajo de un cierto umbral, deja claro que la Xunta de Galicia no obligará al pago del canon del agua en estos casos.

Menéndez señaló que establecer este acuerdo fue muy sencillo, porque es coherente con todas las manifestaciones transmitidas hasta el momento y con las intenciones de los firmantes. "Incluso aquellos que declaraban oscuras intenciones de la Xunta de Galicia con la aplicación del canon del agua no pueden argumentar que se aplica de este modo por su presión, puesto que ya era una idea inicial del Gobierno", declaró.

El titular de Augas de Galicia manifestó además, que la Xunta de Galicia está abierta al diálogo con todos aquellos que se dirijan a ella, como en este caso los sindicatos agrarios, que actuaban en defensa de sus asociados y de la sostenibilidad del rural.

El presidente de Aguas reiteró que la nueva Ley de Aguas, que entró en vigor el pasado 18 de diciembre, da cumplimiento a la Directiva Marco del agua (DMA), lo que significa un cambio de modelo de gestión de la Administración hidráulica gallega, que establece tres líneas estratégicas principales: la ambiental: conseguir el buen estado ecológico de las aguas en el año 2015 atendiendo a un uso sostenible y racional del agua; la económica: aplicar el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua y del principio de austeridad en la Administración hidráulica; y la social, que buscará garantizar la participación del público en general en la gestión de los recursos hídricos.