Australia impondrá un código obligatorio para la compra de uva de vinificación

Australia prevé implantar antes del próximo 1 de enero de 2027 un código obligatorio para las compras de uva vinificable, una reforma que puede cambiar las condiciones de contratación entre viticultores y bodegas y que quedará bajo la supervisión de la Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Wine Australia informó este martes, 8 de septiembre, de que el borrador de exposición de esa norma se espera para el cuarto trimestre de 2026.

La medida forma parte de uno de los cuatro procesos regulatorios abiertos en Australia que afectan al sector de la uva y el vino. Aunque coinciden en el calendario, Wine Australia precisa que se trata de procedimientos distintos, con orígenes diferentes y consultas separadas. En el caso del código obligatorio, el objetivo es regular prácticas comerciales, contratación, relaciones entre comprador y vendedor y mecanismos de resolución de disputas en origen.

El impulso político de esta reforma viene de dos vías. Por un lado, de la revisión independiente del sector australiano de la uva y el vino realizada por el doctor Craig Emerson entre finales de 2024 y mediados de 2025, en la que analizó si existían fallos de mercado y qué intervención regulatoria podía ser necesaria en materia de comercio justo, relaciones comerciales, contratos y reparto del riesgo. Por otro, de la investigación del comité del Senado sobre el código voluntario de conducta para la compra de uva. Ambas revisiones recomendaron pasar a un sistema obligatorio.

El Gobierno australiano anunció el 22 de diciembre de 2025 que introduciría ese código antes del próximo 1 de enero de 2027. Desde entonces, el Departamento de Agricultura, Pesca y Bosques, conocido por sus siglas DAFF, ha creado un grupo de trabajo para aplicar las recomendaciones. La consulta sobre la norma sigue abierta y el sector aún no conoce el texto del borrador, que será el documento central para comprobar cómo quedarán fijadas cuestiones como plazos de pago, condiciones contractuales o vías de arbitraje.

En paralelo, ya está en tramitación una reforma legal para dar soporte a ese futuro código. El proyecto Wine and Other Legislation Amendment Bill 2026 fue presentado en la Cámara de Representantes el 1 de julio y, a fecha del pasado 1 de septiembre, seguía pendiente en el Senado. Esa modificación de la Wine Australia Act 2013 no solo está pensada para facilitar la aplicación del nuevo código de compras, sino también para permitir que Wine Australia realice o encargue encuestas al sector y pueda usar y divulgar información para fines autorizados. La fase de consulta de ese proyecto ya ha terminado.

Las reformas abiertas no se limitan a la compraventa de uva. El otro frente con más alcance para el sector es el de las indicaciones geográficas, ligado al acuerdo de libre comercio entre Australia y la Unión Europea y al nuevo acuerdo bilateral sobre el vino, cuyas negociaciones concluyeron en marzo de 2026. Como parte de ese pacto, Australia ha aceptado proteger 396 indicaciones geográficas europeas. Ese grupo no incluye solo vinos, sino también productos alimentarios, agrícolas y espirituosos.

Para aplicar ese compromiso, Australia debe crear un nuevo sistema de indicaciones geográficas. DAFF ha abierto una consulta específica con la industria del vino para decidir cómo se protegerán las indicaciones geográficas vinícolas dentro del nuevo marco. La pregunta de fondo es si el vino seguirá bajo el esquema actual o si pasará a un sistema común con alimentos, productos agrícolas y bebidas espirituosas. Las observaciones por escrito pueden presentarse hasta las 17.00, hora del este de Australia, del próximo 30 de septiembre.

Las dos opciones sobre la mesa son claras. La primera plantea un sistema único para registrar, mantener y hacer cumplir las indicaciones geográficas de vino, alimentos, productos agrícolas y espirituosos. La segunda mantiene el sistema actual del vino y crea en paralelo otro nuevo para el resto de categorías. La decisión no es menor porque afecta a la forma en que se reconocerán y protegerán determinados nombres en el mercado australiano y, por tanto, puede tener efectos en el etiquetado y en las relaciones comerciales entre operadores australianos y europeos.

El cuarto proceso abierto tiene que ver con la revisión de las Wine Australia Regulations 2018. Se trata de un examen independiente encargado por Wine Australia para informar a DAFF sobre si esas normas siguen siendo adecuadas, si continúan siendo necesarias y si conviene modificarlas antes de que pierdan vigencia. La legislación australiana prevé que muchos instrumentos normativos queden derogados de forma automática alrededor de diez años después de su registro si no se adopta una nueva decisión, y en este caso la fecha fijada es el próximo 1 de abril de 2028.

Esa revisión cuenta con dos vías de participación para la industria: sesiones de consulta dirigidas entre agosto y septiembre de 2026 y la presentación de escritos hasta el próximo 25 de septiembre. El revisor independiente, Jason Duldig, de Dixon&King Pty Ltd, elaborará un informe preliminar para Wine Australia, que a su vez lo trasladará a DAFF. A partir de ahí, corresponderá al departamento y al Gobierno decidir si las normas se rehacen, se rehacen con cambios o se dejan caducar.

Wine Australia sitúa su papel en estos procesos en el apoyo al sector para que entienda los trámites y participe en ellos, mientras que la elaboración de la política pública y de la legislación corresponde al Gobierno. Con el calendario regulatorio concentrado entre septiembre de 2026 y enero de 2027, las próximas semanas serán determinantes para conocer el contenido del futuro código de compras de uva y la arquitectura del nuevo sistema de indicaciones geográficas.