La industria del vino lleva a Oregón a los tribunales por castigar el vidrio

El Distilled Spirits Council of the US (Discus) y el Wine Institute han pedido a la justicia federal que revise el sistema de responsabilidad ampliada del productor de Oregón por las tasas aplicadas al vidrio, al considerar que cargan de forma desproporcionada sobre el vino y los espirituosos. La acción se ha presentado ante la división de Portland del Tribunal de Distrito de Oregón dentro del litigio abierto entre la National Association of Wholesaler-Distributors y Leah Feldon, directora del Departamento de Calidad Ambiental del estado.

El juicio comenzó este lunes, 13 de julio. Las dos organizaciones sostienen que el programa de Oregón penaliza los envases de vidrio y vulnera la cláusula de comercio de la Constitución de Estados Unidos. El sistema estatal, en vigor desde julio de 2022, fija las cuotas en función del peso del envase, lo que eleva la carga para el vidrio frente al plástico.

Discus y Wine Institute afirman que una botella estándar de vidrio de 750 mililitros para vino o espirituosos paga tasas más de ocho veces superiores a las de una botella de plástico del mismo tamaño. Ambas entidades añaden que esa diferencia se produce pese a que el vidrio registra niveles altos de reciclaje en Oregón.

La directora jurídica de Discus, Courtney Armour, señaló que los productores de vino y espirituosos apoyan políticas de reciclaje y sostenibilidad, pero pidió que sean “justas” y “viables” y que tengan en cuenta cómo se fabrican, envasan y venden estos productos. Armour sostuvo además que el planteamiento actual impone una carga desproporcionada sobre las bebidas comercializadas en vidrio, aunque ese material lleva años formando parte del sistema de reciclaje con mejores resultados del estado.

Las organizaciones también alegan que la norma perjudica a bodegas y destilerías situadas fuera de Oregón, ya que muchas tendrían que asumir el coste completo del programa. Al mismo tiempo, recuerdan que existen exenciones para numerosos pequeños productores locales cubiertos por la Bottle Bill del estado.

Otro de los argumentos presentados es el efecto comercial fuera de Oregón. Discus y Wine Institute sostienen que ajustar precios estado por estado resulta difícil para muchos fabricantes, por lo que parte del aumento del gasto podría trasladarse a consumidores de todo el país y no solo a los compradores en Oregón. Para el sector de bebidas, esa posibilidad afecta a márgenes, política de precios y elección de envases, y puede influir en futuras decisiones sobre vidrio y plástico tanto en vino como en licores.

Según ambas entidades, el propio Departamento de Calidad Ambiental de Oregón ha reconocido dudas sobre el tratamiento del vidrio dentro del programa. En 2026, ese organismo estudió opciones para reducir las cargas sobre los productores que usan vidrio sin alterar el sistema estatal de recogida y reciclaje de este material.

Oregón fue el primer estado en aplicar por completo un programa EPR para envases. California, Colorado, Maine, Maryland, Minnesota y Washington también han aprobado leyes similares. Además, una coalición de 17 fiscales generales estatales ha presentado una demanda federal contra la ley EPR de California.

Fuera de Estados Unidos, Reino Unido puso en marcha su propio sistema EPR en abril de 2025. Ese modelo también ha recibido críticas por parte de asociaciones sectoriales y grandes productores de espirituosos. El caso abierto en Oregón puede servir como referencia para otros mercados si los tribunales entran a valorar cómo deben calcularse las tasas por material y hasta dónde pueden llegar sus efectos sobre productores establecidos en otros estados.