Martes 02 de Junio de 2026
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El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para poner en valor la miel y reforzar el sector apícola en España. La iniciativa se debatirá en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación y plantea tres líneas de actuación: más apoyo a las explotaciones, más control frente al fraude y más impulso a la miel española en el mercado.
La propuesta parte de la idea de que la miel forma parte del patrimonio alimentario y cultural del país y de que la apicultura tiene un papel económico y territorial que va más allá del producto final. El texto subraya su vínculo con paisajes agrícolas y forestales, con la actividad rural y con una economía que, en muchas zonas, depende de varias fuentes de ingreso. También recuerda su relación con la seguridad alimentaria y con la calidad de las producciones agrarias, por el efecto de la polinización sobre rendimientos, calidades y estabilidad productiva.
La iniciativa cita datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para situar el peso del sector. Según esos indicadores, la producción de miel en España se situó en 33.134 toneladas en 2024, último dato cerrado disponible, y la de cera alcanzó 1.795 toneladas. El balance también recoge 36.833 explotaciones registradas y un grado de profesionalización en torno al 17% del total. Para el grupo proponente, estas cifras confirman la dimensión económica y territorial de una actividad que fija población, diversifica rentas y aporta valor añadido en el medio rural.
El texto advierte, además, de varios problemas que el sector viene señalando. Uno de ellos es la entrada en el mercado de productos comercializados como miel que no se ajustan a los estándares de composición exigibles. El grupo socialista sostiene que estas prácticas erosionan la confianza del consumidor y alteran las condiciones de mercado para quienes producen con rigor. A ello suma el aumento de los costes y la presión sanitaria y climática sobre las colmenas, con especial impacto de la varroosis y de la irregularidad meteorológica, que condicionan rendimientos y elevan gastos.
La proposición también se apoya en actuaciones europeas contra el fraude. Según la Comisión Europea, en la acción From the Hives, con muestras tomadas entre 2021 y 2022 y resultados publicados en 2023, cerca de la mitad de las muestras analizadas en frontera presentaron indicios de no conformidad con la Directiva de la miel por posible presencia de azúcares exógenos. El documento sostiene que este tipo de prácticas daña la reputación del producto, afecta a los precios percibidos por los apicultores y condiciona la compra informada por parte de los consumidores.
En el plano político, el texto señala que el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha impulsado medidas para apuntalar el sector y mejorar su competitividad. Entre ellas, menciona una herramienta específica dentro del Plan Estratégico de la PAC, orientada a la sanidad apícola, la asistencia técnica, la mejora de la calidad y la comercialización. Según la información trasladada por el Ministerio, en 2025 las exportaciones de miel aumentaron un 12% en volumen y un 8,7% en valor, y la ejecución de la intervención sectorial en la campaña 2024-2025 superó el 90% del presupuesto. El texto añade que las actuaciones vinculadas a tratamientos sanitarios frente a la varroa tuvieron una acogida notable.
La proposición incorpora también el cambio normativo aprobado en España con el Real Decreto 68/2025, que actualiza la norma de calidad de la miel. El grupo socialista afirma que esta norma refuerza el etiquetado de origen en las mezclas, con indicación de países y porcentajes en el campo visual principal, y prevé su plena aplicación a partir del 14 de junio de 2026. El objetivo, según el texto, es mejorar la trazabilidad y adaptar el marco español a la evolución europea.
El documento cita asimismo el caso de Nueva Zelanda, que ha desarrollado un marco de verificación específico para la miel de mánuka, basado en criterios científicos y controles para proteger la integridad del producto, su reputación y la confianza del consumidor. El grupo socialista utiliza ese ejemplo para defender que la competitividad de la miel depende de la calidad demostrable, de reglas claras y de controles eficaces.
La proposición no de ley concluye con tres peticiones al Gobierno. La primera pide seguir reforzando el apoyo al sector apícola en el marco del Plan Estratégico de la PAC, con líneas orientadas a sanidad apícola, asistencia técnica, formación e innovación, y con medidas que favorezcan la profesionalización, la resiliencia y la sostenibilidad de las explotaciones. La segunda reclama intensificar las actuaciones de trazabilidad, inspección y control frente al fraude en la comercialización de miel, reforzando la capacidad técnica y analítica de verificación y la coordinación entre administraciones. La tercera propone impulsar la puesta en valor y la diferenciación de la miel española, con información veraz al consumidor, calidad, valor añadido, acceso a mercados y canales de proximidad cuando proceda, además de iniciativas que mejoren el posicionamiento de las mieles españolas y la renta de los apicultores en el medio rural.
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