El vino en guerra

Todavía no resuelto del todo el conflicto por el precio de la leche, ahora se avecina la guerra del vino en Castilla-La Mancha. Esta es la comunidad autónoma que más vino produce de toda España, más de un 50 por ciento del total. Pero los viticultores de la región están asfixiados por los bajos precios que las industrias les pagan por las uvas y reclaman una mayor implicación por parte de las administraciones. La campaña de vendimia actual se ha visto afectada por la sequía del verano y algunas tormentas de granizo, por lo que la angustia de los agricultores está en aumento.

“El sector vitivinícola tiene una realidad muy variopinta en España –explica Joaquín Vizcaíno, responsable estatal del sector vitivinícola de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos)–. En Castilla-La Mancha, el bajo precio que la industria paga al productor crea una situación que los agricultores no pueden asumir y que conlleva la ruina del sector”.

Vizcaíno, que gestiona una explotación familiar en Albacete, señala además el futuro incierto del sector del vino en Castilla-La Mancha, que este año va a producir, según los cálculos de Cooperativas Agro-alimentarias, unos 22 millones de hectolitros de vino y mosto: “Los agricultores se ven obligados a cambiar de cultivo y pasarse, por ejemplo, al de almendros, que tiene un coste de producción menor pero que está menos arraigado a la cultura de la región. No pueden vivir solo de la uva y las ayudas se han ido reduciendo año tras año”.

Jesús Bonillo, vecino de Villarrobledo (Albacete), es uno de los viticultores afectados. Hace un año participó en la tractorada convocada en el municipio para exigir una subida de precios para la uva. Un año después, la situación sigue siendo muy complicada para el negocio familiar: “Aquí hay cinco bodegas que pactan los precios entre ellas. Llevo dos años ayudando a mi padre en la explotación y esto no ha mejorado”, explica indignado este joven de 27 años.

El precio por cada kilo de uva que entrega es de 15 céntimos, “prácticamente lo que nos cuesta producirlo”. Bonillo, que decidió dedicarse al campo por las dificultades del mercado laboral, reconoce la dureza que supone: “Además de los 20 días de vendimia, que son los más intensos, estás todo el año trabajando. Tienes que podar, labrar, abonar, atar las parras… Es mucho trabajo que no sale rentable”.

Sin respaldo

Ramón Sáez, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Albacete, explica dónde nacen las dificultades para los viticultores: “Los mayores problemas se plantean en zonas donde el agricultor entrega directamente las uvas a una empresa privada, que pone en las tablillas unos precios que no cubren ni los costes de producción, como ha pasado este año en Valdepeñas”.

La misma opinión tiene Florencio Fernández, secretario general de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Ciudad Real y vicepresidente en Castilla La Mancha: “Los productores trabajan allí a título individual. El grado de asociacionismo o creación de cooperativas es muy reducido, en torno a un 10 por ciento, y esto hace que se generen más tensiones entre los agricultores y la industria”.

Es el caso de los Bonillo. “En Villarrobledo hay muchos productores, pero muy pequeños. Y ese es el problema. Si hubiera menos explotaciones pero más fuertes, podríamos plantar cara a los precios”, reflexiona el agricultor, que ahora mismo se siente indefenso: “Ellos deciden que no pueden pagar más por la uva, pero el vino lo venden a precios muy altos. Se aprovechan de que la uva es un producto perecedero que tenemos que vender a cualquier precio para que no se ponga malo”.

Entre las medidas que se deberían tomar, Bonillo destaca el establecimiento de un precio mínimo por el producto y que se fije un cupo de producción: “En la Denominación de Origen La Mancha, para la que producimos, no existe, y por eso pagamos lo que quieren. Habría que seguir reivindicándolo para que no se olvide ni caiga en saco roto”.

Larga lucha

Las desavenencias entre productores e industrias volvió a estallar hace unos días en Valdepeñas, donde hay unas 2.800 explotaciones. En esta comarca de Ciudad Real, los agricultores realizaron una huelga durante seis días para exigir un precio mínimo para el kilo de uvas y una modificación de los pliegos de condiciones.

Los viticultores de la DO Valdepeñas organizaron una tractorada en la que participaron más de doscientos vecinos y montaron piquetes frente a las principales bodegas del municipio, como Félix Solís y García Carrión. Las reivindicaciones duraron hasta el pasado 11 de septiembre, cuando los agricultores reanudaron su actividad. “Se nos ha echado encima la campaña –explica Noelia Serrano, secretaria regional y provincial de COAG– y hemos tenido que resignarnos, pero no descartamos volver a movilizarnos a partir del 15 de octubre. Ahora, más que nunca, estamos unidos y con fuerza para seguir luchando”.

Para Antonio Ruiz, propietario de una explotación de 75 hectáreas en el municipio, “los tres últimos años han sido ruinosos. De esta forma no se puede seguir, es un monopolio”. También lo está pasando mal Francisco Javier Abad, de 41 años y propietario de una explotación de 25 hectáreas: “Nos están pagando el kilo de uvas un 40 por ciento menos de lo que nos cuesta producirlo. Estamos tan mal porque aquí no se mueve el precio desde hace 30 años”. El viticultor, que lleva haciendo la misma tarea desde que tenía 23 años, se levanta a las cinco de la mañana para empezar a recoger y no acaba hasta las doce: “Solo pido a los políticos que se impliquen un poco con los pequeños agricultores y consigan unos precios razonables”.

Los responsables de las asociaciones agrarias de UPA, COAG y Asaja cerraron simbólicamente la sede de la DO, con la que intentan negociar desde hace meses para que “el sector productor no sea un invitado de piedra”, según las palabras de Julián Morcillo, secretario general de la UPA. Este destaca el cambio de actitud del nuevo Gobierno: “El actual consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, está interesándose por lo que nos pasa y le pedimos que actúe como árbitro en este conflicto”. Entre otras reivindicaciones de las asociaciones agrarias están la modernización del pliego de condiciones, que creen “obsoleto”; un mayor control de la producción y el etiquetado y un salto cualitativo.

“Lo que pasa en Valdepeñas es solo la punta del iceberg de lo que pasa en las demás denominaciones”, advierte Serrano.

Escrito por Esther Ortega, de Interviú